1 de novembre de 2017

TRICK AND TREATY


Fue el viernes 27 de septiembre, hacia las 5 de la tarde, que España dio por terminado el proceso de ratificación del CETA. Momento en que los senadores presentes en el segundo pleno del día (después de aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña), emitieron sus votos sin apenas debate, sin representantes del gobierno, y sin casi medios de comunicación, porque todos estaban pendientes de lo que se decía en el Parlament de Catalunya. (A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia ).


¿Qué es el CETA?

CETA son las siglas en inglés de Comprehensive Economic and Trade Agreement, el acuerdo económico y comercial global que firmaron la UE y Canadá el 30 de octubre de 2016, con la adición de un instrumento interpretativo nacido del bloqueo del parlamento valón, que no veía en este tratado nada que garantizara el futuro de la economía local de sus gobernados, porque dudaba de la compatibilidad del CETA con la legislación europea, en especial, lo que se refiere al sistema de arbitraje para la resolución de disputas entre inversor extranjero y estados, instrumentado para proteger las inversiones (actualmente una consulta está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la UE).

Su ratificación empezó el 15 de febrero, con la aprobación del Parlamento Europeo, desde entonces algunos estados lo han ratificado, pero el procedimiento no acabará hasta que lo hayan ratificado todos los estados miembros de la UE. 

En España la ratificación empezó el 29 de junio de 2017, día en que el Congreso de Diputados lo aprobó. Mientras tanto el CETA se aplica provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, y de forma parcial (casi todo el tratado).

Un poco de historia.

29 d’octubre de 2017

"Debemos articular la relocalización y la cooperación internacional" (entrevista a Thomas Coutrot)

En esta entrevista a Thomas Coutrot (co-presidente de ATTAC France desde 2009 al 2016), traducida por Sandra Soutto,  el entrevistado cuenta como se puede articular la relocalización y la cooperación internacional.  En ella, el entrevistado propone el uso de varias herramientas que lo permitirían, una de ellas es el impuesto kilométrico, que se aplicaría tanto sobre las importaciones como sobre las exportaciones. Herramienta que no se puede calificar de no cooperativa o xenófoba, sino todo lo contrario. 

Al respecto, recordamos que el economista Abba Lerner desarrolló el "Teorema de la Simetría" que lleva su nombre, y dice que un impuesto sobre las importaciones puede tener el mismo efecto que un impuesto sobre las exportaciones.

 
Para preparar el debate entre Olivier Besancenot y François Ruffin "El libre cambio mon amour: ¿el proteccionismo es una solución?" Organizado por le temps des lilas  el 3 de octubre de 2017 en La Générale, nos encontramos con Thomas Coutrot para hacerle unas cuantas preguntas sobre el tema... , Thomas Coutrot también participó en la redacción del Manifiesto de economistas consternados. Ferviente opositor al proteccionismo, explica aquí los motivos de esta convicción.  



Pregunta: En 2011, escribió sobre lo que Arnaud Montebourg llamó "la desglobalización" como "un concepto superficial y simplista". En 2017, más del 40% de los franceses votaron a favor de programas que reivindican una forma de proteccionismo, a nivel francés o europeo. Incluyendo una gran parte de la izquierda. ¿Todavía crees que es una mala solución?

Thomas Coutrot responde:  
Para pronunciarse sobre el proteccionismo, primero se debe hacer un diagnóstico de los riesgos de la situación. Es decir, la pregunta: ¿qué política emancipadora necesitamos? Si hablamos de economía internacional, creo que hay dos cuestiones esenciales: la relocalización de la producción y la extensión de la cooperación internacional. Es necesario reubicar los sistemas productivos por razones democráticas y porque la división del trabajo organizada por las multinacionales ponen a competir a los pueblos y derriban a todo el mundo. Esto también debe hacerse por razones ecológicas, ya que el desarrollo del comercio internacional y los flujos de bienes conducen a un aumento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. Todo esto obviamente no es sostenible, democrática, social y ecológicamente. Pero no sólo necesitamos una reubicación del sistema productivo, sino también necesitamos una extensión sin precedentes de la cooperación internacional. Los principales desafíos a los que nos enfrentamos no son nacionales o continentales, sino desafíos globales: el cambio climático, las desigualdades de riqueza, el desafío de la migración, que de hecho se derivan de desequilibrios económicos y climáticos. Porque no es Francia desde su rincón que detendrá el cambio climático: es a través de la cooperación internacional que tenemos la oportunidad de realmente abordar el problema. Por lo tanto, debemos articular estos dos temas: la relocalización y la cooperación internacional.
 

Pregunta: Sin embargo, el programa de Jean-Luc Mélenchon en 2017 habla de un proteccionismo "solidario”...
Thomas Coutrot responde: 
¡Es una broma! Que alguien me explique cómo podemos hacer el proteccionismo solidario. El problema con el proteccionismo es que trata del primer objetivo (la relocalización) pero no del segundo (la cooperación internacional). Es una herramienta técnica potencial para relocalizar la producción, pero inmediatamente se enfrenta al imperativo de la cooperación internacional. Porque inevitablemente, desde el momento en que decide que es la frontera nacional la que separa las producciones legítimas de las producciones gravables o imponibles, se crea una división simbólica y política entre el interior y el exterior, por lo tanto, entre lo nacional y lo extranjero. Y el extranjero, es aquello de lo que tienes que protegerte. Entonces, desde el principio se abre una dinámica que no es compatible con la construcción de la solidaridad global. Chantal Mouffe escribe que se necesita construir al enemigo para unificar nuestro campamento. Desde el momento en que la frontera es el operador simbólico de la distinción entre amigo y enemigo, desde el momento en que se unifica el campamento de uno contra el enemigo externo, se descarta lo internacional. Entiendo muy bien que en la lógica de la extrema derecha es esto completamente coherente, pero es mucho más difícil de entender cómo se puede defender este punto de vista ante la izquierda. Los derechos aduaneros fueron utilizados en los siglos XIX y XX por las burguesías nacionales para promover su despegue económico contra la competencia extranjera durante la guerra económica. 


Pregunta: Pero si son solo herramientas, ¿no podría un gobierno progresista algo más que un gobierno de derecha?

28 d’octubre de 2017

Cambiamos de nombre y seguimos trabajando en la misma línea

Para continuar publicando como lo veníamos haciendo hasta ahora, con independencia y sentido crítico, hemos decidido cambiar el nombre de nuestro blog y de las cuentas asociadas en facebook, twitter y youtube.

Este grupo de opinión que se define como heterodoxo  ha elegido una imagen del parque nacional de la Serra d'Espadà como imagen de portada y a un cárabo común (Strix aluco), como imagen de perfil.


Invitamos a nuestros seguidores a seguir interactuando con nosotros: Heterodòxia Castelló.

21 de setembre de 2017

21 S: UN MERCADO DE 500 MILLONES DE CONSUMIDORES.




El acuerdo económico global entre la UE y Canadá conocido por las siglas CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) se podrá aplicar a partir de este jueves 21 de septiembre, como lo dispone el artículo 30.7 de dicho tratado, antes de ser ratificado por los estados miembro del acuerdo.

El 21 de septiembre de 2017 se podrá aplicar de forma “provisional” el CETA, pero sólo las partes del tratado que son competencia de la Unión Europea, por lo que queda excluido de la aplicación provisional:

  • El mecanismo de protección de inversiones (o de arbitraje) ICS. 
  • Determinadas disposiciones relacionadas con los servicios financieros y la fiscalidad.
  • Una disposición sobre las sanciones penales contra las personas que graben las películas en el cine (ya existe en la mayoría de los países europeos).
  • Una disposición sobre la transparencia de los procedimientos administrativos.

Sin embargo, esta aplicación se hace desoyendo las voces críticas de expertos de organizaciones profesionales, sindicales, políticas, de consumidores e incluso con el dictamen pendiente del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del mismo con la normativa europea. Así como también se ha ignorado las peticiones de los distintos movimientos sociales y políticos de suspender la aplicación provisional del tratado por no proteger los derechos laborales, la propiedad intelectual, medioambientales, de salud, de bienestar social ni animal.(Repercusiones en el sector agrario español)



La ejecutiva comunitaria ha dejado muy claro que el acuerdo sigue adelante y que el CETA es más que un acuerdo. Porque es el modelo que protege las inversiones extranjeras, mundializando la precariedad y la desigualdad, es la oportunidad para que las grandes multinacionales europeas y canadienses (más del 76% son estadounidenses) consigan un mercado de 500 millones de consumidores, la desregulación de los mercados y la posibilidad de controlar la legislación de los mismos a través de las demandas arbitrales y de su participación en los comités reguladores previstos en el tratado. 

Mientras la ciudadanía y los consumidores de este gran mercado son los grandes olvidadosde este tipo de acuerdos económicos, que los ningunea tanto en la negociación de los mismos como en su ejecución. Olvido premeditado, a favor de los grandes grupos empresariales que se ven premiados con la reducción del riesgo y el mayor acceso a los factores de producción, materias primas y mano de obra barata.

Pero el CETA se ha de parar, y ha de ser el Tribunal de Justicia de la UE con un dictamen de incompatibilidad del ICS con las normas europeas (lo que reabriría las negociaciones del CETA), o también, con la no ratificación de algunos de los parlamentos regionales y nacionales europeos del tratado (si soporta todas las presiones a las que se verá sometido). 

Además, la aplicación del CETA se podría suspender durante el procedimiento de ratificación si así lo decide la UE, pero sólo podrán abandonar el CETA de forma unilateral Alemania, Austria y Polonia, porque así lo negociaron al firma el CETA.

No obstante, en caso de que el CETA sea bendecido por el TJ de la UE y ratificado por todos los parlamentos entrará en vigor en su totalidad, y para abandonarlo será necesario un acuerdo por unanimidad de todos estados miembros de la unión. Y en el caso de que alguno de los estados quisiera abandonar el CETA en solitario, deberá abandonar la UE.

En el caso de que la UE decidiera de forma unánime abandonar el CETA, algunas de sus disposiciones mantendrán su vigencia, como ocurre con el sistema de arbitraje (ICS) que podrá ser utilizado durante los 20 años que siguen a su resolución para proteger las inversiones realizadas durante el período de vigencia del tratado (Art. 30.9.2)

Es una lástima que la ejecutiva comunitaria europea no garantice con la misma vehemencia los derechos humanos.

#stopCETA.

Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV

12 de setembre de 2017

LOS EXPERTOS DE MACRON PONEN REPAROS AL CETA



DIEZ  RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE FRANCIA




En Francia continúa el debate sobre el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE), después de que el pasado mes de julio el Consejo Constitucional francés considerara que dicho tratado es compatible con la Constitución francesa.  Ahora con el informe de la “comisión de expertos” en el CETA que confirma los riesgos que supondría la aplicación de este tratado para el medioambiente, la agricultura, la alimentación, la salud y el clima.


En España el CETA ha sido ratificado por el Congreso de los diputados el pasado 29 de junio a instancia del Gobierno, el cual negó la necesidad de análisis de su constitucionalidad, así como la evaluación de impacto de su aplicación en la economía nacional y en la sociedad, y espera a ser debatido en el Senado tras el control previo de constitucionalidad solicitado por Unidos Podemos.


El informe que encargó Emmanuel Macron, actual presidente francés, en cumplimiento de una promesa electoral deja claro que el tratado entraña “incertidumbre y riesgos” e incluye algunas críticas como:

  • La falta de utilidad de los tribunales de arbitraje (ICS) en las relaciones de la UE con Canadá.
  • En materia de armonización normativa, la cooperación reguladora y los tribunales de arbitraje (ICS) podrían ser un obstáculo si los Estados desean fortalecer las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.
  • Concluye que "los capítulos del acuerdo sobre el medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante".
  • "El gran ausente de este acuerdo es el clima" y que las políticas climáticas pueden ser desafiadas a través del Sistema de protección de inversiones (sistema de arbitraje). 
  • "Un aumento global de las importaciones europeas de carne de cerdo y carne de vacuno canadienses podrían afectar negativamente a un sector ganadero ya debilitado".
  • La falta de garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, el etiquetado de los productos que contengan OMG, así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados. Por lo que requiere “vigilancia especial”. Recuerdan que "Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas durante mucho tiempo en otros países" y que "los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá".


Y sin perjuicio de que dicho tratado sea o no ratificado, más allá de lo que pueda decidirse a nivel político nacional y europeo sobre estas cuestiones, y en particular en el ámbito de la agricultura, la “comisión de expertos” francesa sobre el CETA recomienda:


7 de setembre de 2017

Recuperar el Estado









El 3 de junio de 1951, se formó en Londres la Internacional Socialista. Todavía está en marcha. Es "una asociación mundial de partidos políticos, la mayoría de los cuales buscan establecer un socialismo democrático". Sus raíces se remontan al siglo XIX (a la Primera Internacional formada en 1864) cuando se consideró beneficioso unir a los movimientos nacionales de la clase obrera en una fuerza global para derrocar al capitalismo. Las disputas internas entre varias facciones condujeron a diversas disoluciones y reformas en los últimos 150 y pico años. En 2013, la membresía se dividió cuando el SPD alemán decidió crear un grupo competidor, la Alianza Progresista, a la que se unió una multitud de los llamados partidos socialdemócratas (incluido el Partido Laborista Australiano) que abandonaron la IS. Ambos cuerpos están asediados por conflictos internos y por miembros que han caído en los mitos macroeconómicos neoliberales. Más recientemente, DIEM25 ha surgido para perseguir una visión paneuropea de la política de izquierdas. La dinámica más reciente de estos movimientos niega el poder del estado-nación en una economía globalizada y los flujos financieros globales. Todos ellos están fracasando debido a esta negación.

Se ha publicado un interesante artículo en el Financial Times (4 de julio de 2017) --La soberanía sigue teniendo sentido, inclusoen un mundo globalizado-- de Robert Tombs, un académico británico especializado en historia francesa que se ocupa de este tema.

La afirmación de que el estado-nación está muerto es también un tema importante de mi próximo libro (escrito con Thomas Fazi) - Reclaiming the State: A Progressive Visionof Sovereignty for a Post-Neoliberal World (Recuperando el Estado. Una visión progresista de la soberanía para un mundo pos-neoliberal)- que será publicado por Pluto Press (Reino Unido) el 20 de septiembre de 2017.

Presentaremos el libro en Londres el 26 de septiembre de 2017 y después haremos una gira de 10 días de conferencias promocionales por toda Europa. Todos los detalles de dónde y cuándo tendrán lugar los eventos se publicarán próximamente, pero al final de este blog hay una guía indicativa.

Al mismo tiempo, lanzaré un nuevo proyecto que vamos a llamar El Proyecto de Recuperación del Estado (The Reclaim the State Project, RTS), que se centrará en expandir la conciencia de la capacidad del gobierno emisor de moneda para avanzar en el bienestar general y contrarrestar el poder egoísta del capital global. Más detalles sobre este tema aparecerán próximamente en su página principal http://www.reclaimthestate.org.

Como antecedente,  Thomas Fazi y yo hemos publicado recientemente un artículo Make the Left Great Again (Haced la izquierda grande otra vez), que apareció en la edición del otoño de 2017 de una nueva revista estadounidense American Affairs (Vol 1, número 3). La revista se ocupa de “las políticas públicas y el pensamiento político".

Ese artículo resume nuestro argumento de que el estado-nación nunca se fue, como muchos en la izquierda progresista de la política parecen creer. Estos movimientos paneuropeos son creados todos ellos en respuesta a la creencia equivocada de que el Estado se ha sometido al capital global y no puede seguir políticas que contradicen los objetivos de los intereses financieros globales. En consecuencia, se requieren movimientos supranacionales o pan-nacionales. Claramente consideramos que ese tipo de razonamiento es falso. Y también lo hace Robert Tombs, como se describe en su artículo del Financial Times citado anteriormente. Empieza con:

11 de juliol de 2017

RENTA BÁSICA, UN SUBSIDIO A LA ECONOMÍA SUMERGIDA.





Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV


De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA), España tiene censados más de 4.250.000 de desempleados, que corresponden a una tasa de desempleo del 18,8% (en datos del primer trimestre del año 2017). La segunda mayor tasa de paro de la OCDE. Su distribución por sexo y edades presenta el siguiente detalle:  20,51% la tasa de paro femenino frente al masculino que es del 17,22%, mientras que la tasa de paro de los jóvenes menores de 20 años es del 58,7% y la tasa de los que están entre los 20 y 24 años es de 38,4% de la población activa.
 

 Fuente:  http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana

Según el INE, en el primer trimestre de este año el empleo a tiempo parcial había aumentado en 41.300 personas (corresponde a una tasa de 15,59%), el número de asalariados se redujo en 44.600, pero el de empleadores aumentó en 22.900, y en el último año la ocupación descendió en el sector público frente al sector privado, que registró un aumento de 453.100 personas. Además, se redujo la población activa en 52.600 personas durante el primer trimestre de 2017 y durante el último año en 127.700 personas, mientras que la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se redujo en 54.100 personas.

Esta situación configura un mercado laboral dominado por el sector privado en el que impera la precariedad, llevando la peor parte los migrantes, las mujeres, los menores de 20 y los mayores de 50 años, que compiten en busca de una oportunidad, siendo rechazados en un constante ejercicio de discriminación, ante la mirada ausente del Estado en su papel de garante de la igualdad. En este contexto irrumpen algunos movimientos sociales reivindicando la necesidad de un subsidio universal e incondicional al que algunos denominan renta básica universal, y con el que pretenden garantizar el derecho de subsistencia a todas las personas.

Más allá de consideraciones filosóficas, el trabajo es un derecho constitucionalmente protegido (artículo 35 de la Constitución española), sin embargo no se reconoce en ninguno de sus artículos un derecho al rentismo aunque sea de subsistencia.

Ahora bien, son varias las cuestiones que se suscitan en torno a la viabilidad de un subsidio incondicional, una es cuál ha de ser su cuantía y la otra es cómo se ha de financiar, ya que las políticas de restricción de gasto público impuestas por la Unión Europea podrán ponerla en cuestión.

¿Cómo se financiaría? Sus defensores, recuperando a Milton Friedman, dicen que su financiación se debería realizar con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ser este una excelente herramienta de redistribución de rentas. Y nuevamente son muchas las preguntas que nos asaltan: ¿De qué importe estamos hablando?  ¿Quiénes pagarían dicho impuesto si la mayor parte de la población está esperando un empleo y la recaudación tributaria efectiva se ve limitada por diferentes técnicas de elusión y evasión fiscal que la globalización nos ha facilitado?

Suponemos que un subsidio que garantice la subsistencia debería de permitir pagar el alquiler de una vivienda digna, una alimentación y vestidos necesarios, y sería complementado por los servicios calificados “de necesidad” facilitados más o menos gratuitamente por el Estado (salud pública, educación, transporte, cuidados, etc.),  lo que parece complicado de conseguir. Por no decir imposible, con un Estado que cedió su soberanía monetaria a una institución supranacional, el Banco Central Europeo, que no considera prioritario el garantizar una vida digna a sus ciudadanos, sino que persigue mantener a raya a la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de quienes viven de las rentas del capital.

28 de juny de 2017

El momento ha llegado, digamos NO al CETA






 El próximo jueves 29 de junio el gobierno español tiene previsto ratificar el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE). Acuerdo que se ha estado negociando desde el 2009 y del que se ha mantenido desinformada a la ciudadanía hasta el 15 de diciembre de 2015, criticado duramente por muchos de los Estados miembros de la UE y cuya firma estuvo bloqueada por el presidente de Valonia a causa del impacto que dicho acuerdo tendría en la economía local tras su aplicación. Finalmente se firmó el 30 de octubre de 2016 tras un acuerdo de dudosa aplicación alcanzado entre los representantes de ambos bloques, instrumento interpretativo conjunto. 

El proceso de ratificación se inició con en el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero, cuya aprobación también impulsada por el PSOE permitía la aplicación provisional del 90% del CETA en las transacciones que se realizarán entre Canadá y la UE, pero que no ha podido materializarse ante las dificultades surgidas en Canadá para su ratificación, ante los efectos negativos previstos sobre la economía nacional y su sociedad.

En España son muchas las organizaciones, asociaciones y profesionales que rechazan el acuerdo, porque no se trata de comercio sino de un conjunto de normas para regular la globalización bajo el principio de garantizar el beneficio económico a las grandes multinacionales, el cual será preferente a cualquier otro constitucionalmente protegido. A pesar de ellos y sin estudios de impacto de la aplicación del acuerdo en la economía nacional y en la sociedad, el gobierno se dispone a ratificar el CETA.

Voces expertas califican este tratado de modelo a seguir en las distintas negociaciones que la UE tiene en marcha. Veamos qué es lo que ratificarán el 29 de junio los diputados de las cortes españolas, que dada su composición será abanderada por el PP, Cs, partidos nacionalistas con el apoyo incondicional de la abstención del PSOE:

El 29 de junio estos diputados ratificarán la falta de transparencia en las negociaciones de los tratados internacionales, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en la UE (informado por la comisión de empleo y asuntos sociales del Parlamento Europeo), la renuncia a la lucha contra el cambio climático, al impedir el cumplimiento de los acuerdos de París.

Pero además, estos diputados con el SI y la abstención ratificarán el aumento de la vida de las patentes, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los medicamentos, favoreciendo el encarecimiento de la investigación y de todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación, consolidarán los procesos de privatización y encarecerán los procedimientos de reversión de lo privatizado a la colectividad a la que legítimamente pertenecen. 

El 29 de junio estos diputados podrían impedir que se implante una justicia privada sólo para las multinacionales, que se institucionalice el derecho a la indemnización por expectativas no cumplidas ante cambios legislativos, garantizar un trato justo e igualitario para todas las personas y no sólo para las multinacionales.

El 29 de junio estos diputados podrían asegurar la protección social, económica y jurídica de la ciudadanía votando NO al CETA.

Porque votando NO al CETA están impulsando el progreso social y económico, facilitando la implementación de políticas dirigidas a la obtención del pleno empleo y la estabilidad de precios en todo el territorio español, y porque votando NO al CETA  garantizan la igualdad y la justicia, valores protegidos por nuestra Constitución.



Sandra Soutto.