27 d’agost de 2016

OTOÑO EN RESISTENCIA





 
¡Este otoño volvemos a las calles!
Semana de acción 8-15 Octubre 2016


Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, campesinas y políticas, jóvenes, hombres y mujeres de todo el mundo convocamos un otoño en resistencia para exigir la suspensión de los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU. Estamos convencidas de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales.[1] El otoño en resistencia global llama a la movilización popular frente a los tratados de libre comercio y por el fin de la impunidad de las multinacionales.


En Europa y en Canadá, este año hacemos especial hincapié en el CETA, el caballo de Troya del TTIP, que se ha negociado en secreto durante más de cinco años y pretende ser ratificado a finales de 2016. Tanto la Comisión Europea como algunos Estados miembros están empujando fuerte para que el tratado se firme cuanto antes. El gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente.[2]

Sin embargo, cuanto más se conoce el CETA mayor es la oposición pública y de algunos sectores concretos económicos y sociales, como el agrícola, pequeñas empresas o asociaciones de jueces, que han denunciado la ilegalidad de incluir tribunales privados para los inversores, como el ICS[3]. Además, ya son varios los Estados que por distintos motivos han expresado su opinión contra este tratado.[4]

A pesar de esta creciente oposición, la Comisión Europea pretende concluir este año la firma del CETA gracias al apoyo de otros Estados miembros, entre ellos el Estado español.

Dada la extrema gravedad de sus consecuencias, nadie puede mantenerse al margen, ya que afectará a todas las personas arrebatándoles su soberanía como pueblo. Este otoño vamos a visibilizar las voces de millones de personas que exigimos la suspensión del CETA, así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.[5]

Este otoño nos movilizamos en los cinco continentes. Es un otoño de resistencia con propuestas de otro modelo económico que ponen la vida por delante de cualquier otra decisión.

La  semana de acción en el Estado español tendrá lugar del 8 al 15 de octubre en distintos lugares sobre los que se informará a través de la web: www.noalttip.org así como del twitter: @noalttip




[2] Nuevas filtraciones. España pide aplicar rápido el TTIP de la UE con Canadá pese a las reservas de otros socios europeos: http://www.noalttip.org/nuevas-filtraciones-espana-pide-aplicar-rapido-el-ttip-de-la-ue-con-canada-pese-a-las-reservas-de-otros-socios-europeos/
[4] El acuerdo entre la UE y Canadá sigue adelante a espaldas de la opinión pública: http://www.noalttip.org/el-acuerdo-entre-la-ue-y-canada-sigue-adelante-a-espaldas-de-la-opinion-publica/
[5] Más info: www.noalttip.org


Campaña NO al TTIP 




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15 d’agost de 2016

Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD, 17-21 de julio, Nairobi, Kenya

 
Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América, y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.

Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.

El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante “tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial, ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés general.

Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza.

10 d’agost de 2016

SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA



¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.

Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política económica de los Estados miembros.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos. 

Las arbitrarias condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente. 

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficit ni los superávit presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.