29 de maig de 2016

IMPUESTOS Y GASTOS SOCIALES





Cada vez más se oye y lee a ONGs y diferentes organizaciones que exigen un nuevo impuesto cuya recaudación se destine a sufragar el gasto público social. Con ello se pretende reducir la desigualdad y la pobreza mundial. Pero esta acción de condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto concreto (son los llamados impuestos finalistas), no es posible ni existe en el mundo real, ya que el gasto público social lo decide el gobierno de cada Estado al elaborar los presupuestos generales de cada año, cuando aún no conoce la recaudación que obtendrá por cada impuesto en ese año.

Para que nos entendamos, los presupuestos generales del Estado, en adelante PGE, constituyen un instrumento fundamental de política económica, donde se planifica el gasto y se estiman los ingresos. Es decir, sólo son previsiones, donde los ingresos tienen un carácter estimativo y los gastos tienen un carácter limitativo, ya que las cantidades presupuestadas para el gasto solo podrán ser destinadas a los fines determinados durante su elaboración.

En el Estado español las instituciones públicas deben presentar sus propuestas antes del 1 de mayo de cada año, anterior al que se quiere presupuestar, claro , para su elaboración definitiva antes del 1 de octubre, fecha en la que se remite al Congreso de los Diputados y al Senado para su discusión, modificación y aprobación. Si nos centramos en un año, por ejemplo el 2016, es posible echar mano de la hemeroteca, y podemos comprobar que durante su elaboración en el 2015, no se conocían las cantidades recaudadas por impuestos ni del 2016, lo que es evidente, ni tampoco las del 2015.

Entonces, qué sentido tiene condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto del que no conocemos cual será la cantidad que finalmente se pueda obtener. ¿Acaso para ampliar el número de camas de un hospital o adecuar las instalaciones del mismo a las necesidades de la ciudadanía, se tiene que crear un impuesto nuevo?

25 de maig de 2016

Desvergonzado intento para institucionalizar disimuladamente el ISDS en toda Europa

  


Seattle to Brussels Network

Una nueva filtración  revela que cinco estados miembros de Unión Europea han propuesto la introducción del Sistema de Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS) para todas las inversiones transfronterizas dentro de la UE.

La Red Seattle to Brussels Network condena enérgicamente el indignante ataque a los sistemas legales nacionales europeos por parte de Austria, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos,  como una  muestra  más del sacrificio de la democracia y los derechos de los ciudadanos para complacer los intereses de las multinacionales.

Los gobiernos de Austria, Francia, Finlandia, Alemania y los Países Bajos proponen  institucionalizar el tristemente famoso Sistema de  Resolución de Disputas entre Inversores y  Estados (ISDS)  rechazado por millones de ciudadanos europeos en peticiones on-line  y en una consulta oficial sobre el TTIP planteada por la Comisión Europea a la ciudadanía europea.

La propuesta fue presentada el 7 de abril por representantes de los 5 países (Austria, Francia, Finlandia, Alemania y los Países Bajos, en adelante Los Cinco) en el Comité de Política Comercial de la UE, el cual se ocupa de la política de comercio exterior europea. En lo que parece para ser un esfuerzo concertado, la propuesta estuvo seguida por la publicación de una petición similar por la patronal europea Business Europe el 14 de abril.

El documento filtrado se refiere a una reunión técnica informal entre estados miembros que tuvo lugar el 1 de octubre de 2015 y propone celebrar otra reunión pronto para discutir sobre el documento. Los Cinco también se ofrecen para participar en la redacción de  un texto legal que refleje sus ideas.

La propuesta se hizo en el contexto de procedimientos de infracción emprendidos por la Comisión Europea  para dejar sin efecto los tratados de inversión bilateral entre viejos estados miembros de la  UE y nuevos estados miembros. Estos acuerdos, llamados  tratados de inversión bilaterales intra-europeos fueron firmados entre países europeos occidentales y países de la Europa central y oriental tras del derrumbe de los regímenes comunistas, y se han mantenido después de que estos países se han unido a la UE.

La Comisión Europea ha mantenido que estos tratados  están en contradicción con las leyes de la UE, crean discriminación entre estados miembros y agentes económicos y tendrían que ser rescindidos. Pero entretanto la Comisión no ha impuesto su criterio,  los inversores de los estados  miembros de la UE ya han denunciado a los gobiernos de UE en alrededor de cien ocasiones.

Los tratados bilaterales intra-europeos confieren a los inversores de la UE el derecho a  demandar a los gobiernos de los países de la UE en los que tienen inversiones ante tribunales de arbitraje internacional  para reclamar compensaciones por  cualquier política social, sanitaria o ambiental si creen que sus intereses han sido afectados. Estos  privilegios  perturban el mercado interno, discrimina contra ciudadanos e inversores domésticos y socavan la toma democrática de  decisiones  y el espacio político necesario para un desarrollo sostenible.

En vez de rescindirlos, sin embargo Los Cinco proponen que los tratados bilaterales intra-europeos sean reemplazados por un  intra-acuerdo global de inversiones de la UE que  expandiría los privilegios de los inversores a todo el territorio de la  UE (los  tratados bilaterales intra-europeoss existentes entre estados miembros más viejos y más nuevos  no cubren gran parte de la  inversiones transfronterizas dentro de la UE). Esto conduciría a una mayor proliferación, o peor, a una explosión del arbitraje inversor-estado que disuadirá a los gobiernos de tomar medidas en  interés de desarrollo  sostenible, y forzarles a utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar compensaciones por la adopción de medidas perfectamente legales y democráticamente acordadas.

En su propuesta Los Cinco estados afirman que:
  • las inversores transfronterizos necesitan más protección que sus propios ciudadanos y empresas, 
  • el sistema de arbitraje va a proteger a los inversores mejor que el  sistema legal nacional propio,
  • los inversores transfronterizos necesitan que se les concedan privilegios judiciales  para pleitear contra medidas perfectamente legales y acordadas por instancias elegidas democráticamente, todo ello a costa de los contribuyentes,
  • su propuesta es necesaria en apoyo dela posición negociadora de la UE en las negociaciones de comercio, y a  esto tiene prioridad sobre la necesidad de preservar el mismo ordenamiento legal para todos los ciudadanos de la UE.
Pero el caso es el opuesto. Los derechos y los privilegios dados a inversores en los bilaterales intra-europeos y en el intra-acuerdo de inversiones de la UE que los 5 países proponen:
  • discriminan a ciudadanos e inversores domésticos,
  • están basados en principios más  imprecisos que los que  se recogen en las leyes nacionales , que son interpretados  por los tribunales arbitrales de modo menos responsable e independiente de lo que suelen hacer los tribunales de justicia.
  • sirven a los intereses corporativos más que al interés público,
  • socavarán el espacio  político y la toma de  decisión democrática en la UE,
  • harán que los contribuyentes acaben pagando por  las decisiones arbitrales.
No tiene precedentes que Los Cinco propongan un tratado plurilateral entre los Estados  Miembros sin que participen las instituciones de la UE (incluyendo el Parlamento Europeo). Además, esta propuesta – que parece  ha sido redactado en connivencia con Business Europe – ha sido presentada  por 5 países en un Comité de la UE encargado de la política de comercio externo cuándo la propuesta de hecho trata  asuntos internos de la UE, como son  el comercio y la  inversión intraeuropea, así como el derecho, procedimiento judicial y democracia europea .

Ante todo lo expuesto cabe preguntarse si los intereses comerciales no han secuestrado la UE por completo.

Para más detalle y comentarios sobre la propuesta de Austria, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos: http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/The-AFFGN-non-paper-160515-1.pdf

Traducción: David Hervás

Fuente: http://www.s2bnetwork.org/intra-eu-bits-affgn-proposal/

22 de maig de 2016

¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?


  

La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:



EN VALENCIÀ




SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA
A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier otro objetivo de política.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.

El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.

No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.

El equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de carácter progresivo así como derivados de la persecución de la evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.

Los dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales.

Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas públicas para la gente.

Por todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.

Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.

Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria todos sus esfuerzos.

17 de maig de 2016

El TTIP EN TRES PALABRAS.









Gonzalo Rodríguez Rodríguez
ATTAC-Galicia
Prof. Del Dpto. De Economía Aplicada de la USC.




 
El TTIP (al igual que tratados similares como el CETA o el TISA) suele presentarse como un tratado de libre comercio que pretende eliminar barreras comerciales a través de la reducción de aranceles y, sobre todo, de la armonización reglamentaria. La música suena preciosa, la letra de la canción incluye libertad y armonía, que a todos nos alegran el espíritu, y el estribillo habla de creación de puestos de trabajo y riqueza. El problema es que los promotores de este acuerdo no entienden por ninguna de las palabras que acabo de citar lo mismo que usted y que yo. Examinémoslas una por una, empezando por la más sonora de todas ellas:

¿Libre?

Pues depende para quien. Una de las cosas que se requieren para la existencia de libertad es la posibilidad de una toma de posición informada sobre los asuntos que nos afectan. Esta posibilidad se nos niega como consumidores y, lo que es más importante, como ciudadanos. Se nos niega en primer lugar por que por todos los medios se trató de impedir la llegada de información a la ciudadanía sobre los términos de las negociaciones. Tuvimos que descubrir a través de Wikileaks y de otras filtraciones que era lo que se estaba negociando. Es más, a día de hoy, cuando los eurodiputados que en los próximos meses tendrán la responsabilidad de votar  a favor o en contra del acuerdo, quieren acceder a los textos relativos al tratado, han de hacerlo bajo unas condiciones indignas: no todos los diputados pueden acceder a ellos, solo los miembros de algunas comisiones cuyas competencias están afectadas por el acuerdo, han de firmar una cláusula de confidencialidad, solo pueden leerlo en una sala de lectura específica a la que acceden acompañados de un vigilante y no les permiten llevar cámara, teléfono o, incluso, bolígrafo propio. Y, lo más pavero, tienen que pedir por anticipado que partes quieren leer, cuando no existe certeza de que contenidos existen.

En el caso de España, tanto los grandes partidos, como los principales medios de comunicación evitaron durante meses a tratar el tema. La máxima expresión de esta omertá se alcanzó durante campaña de las europeas, cuando resultaba un asunto absolutamente central y no formó parte del debate. Solo ahora, ante el creciente rechazo ciudadano derivado de la información sacada a la  luz por los movimientos sociales, se ven en el deber de replicar las críticas (y a la exigencia de la Defensora del Pueblo Europeo) por una parte liberando partes de los textos de negociación, por otra,mediante campañas propagandísticas.

No acaba ahí la cosa. El tratado incorpora cláusulas para que aquellos temas que no puedan resolverse durante la negociación puedan ser acordados por una comisión sin ser aprobados por ningún organismo democrático. Una perfecta coladera para que todos aquellos temas espinosos o que preocupan a la opinión pública puedan ser introducidos por la puerta de atrás en el futuro.

Tampoco cómo consumidores vamos a disfrutar de mayor soberanía. Sirva de ejemplo el caso de los transgénicos. Este tipo de organismos modificados son considerados por la legislación norteamericana equivalentes a los convencionales y, por tanto, y a diferencia de Europa, no tienen que ser etiquetados de modo diferenciado. De este modo se substrae también la libertad de elegir sí se quiere o no consumir estos productos.

¿Barreras?


Cuando uno escucha hablar de barreras al comercio internacional piensa en lo que tradicionalmente se ha considerado como tales: contingentes, aranceles y trabas administrativas. Podría añadirse incluso las subvenciones. Todo este tipo de elementos han sido discutidos reiteradamente en el ámbito de las alternativas de política económica que pivotan entre el fomento de la industria nacional y  la apertura a los mercados exteriores. En el marco de los tratados de libre comercio el alcance va mucho más allá, de modo que ya no es la normativa que afecta a las importaciones la que se considera una barrera, sino todo tipo de normativa que limite la iniciativa empresarial (en este caso la extranjera), incluyendo normativas laborales, ambientales, sociales, urbanísticas o de cualquier otro tipo. Un mero planeamiento urbanístico podría considerarse “expropiación reglamentaria” y, por tanto, obligar a una indemnización en el marco del ISDS (mecanismo de resolución de disputas entre inversores y estado) que constituye uno de los elementos centrales de este tipo de tratados.

Una muestra de esta concepción es la denuncia contra la regulación europea sobre transgénicos que los EE.UU. presentaron ante la Organización Mundial de Comercio en 2004 alegando que constituía un “obstáculo al comercio”. Ciertamente las garantías para la preservación de la salud del medio natural y de las personas que establece la normativa europea están frenando la penetración de productos potencialmente dañinos y en cuyo mercado las empresas norteamericanas son líderes. Del mimo modo que frena la importación de productos químicos peligrosos la normativa REACH. No en vano ambas forman parte del conjunto de barreras para las que los negociadores norteamericanos exigen un salvoconducto.

El papel del ISDS a la hora de “liberar” el comercio y la inversión de condicionantes reglamentarios viene siendo el de un martillo pilón. En teoría este mecanismo fue creado para proteger las inversiones de la empresas (occidentales) en países en vías de desarrollo cuyos sistemas legales podrían carecer de garantías suficientes y, de ahí que puentee los supuestamente poco fiables tribunales nacionales.

¿Podemos pensar que la situación mejore con esta alternativa? Hay varias razones para pensar que no, particularmente por que carece de los incentivos y mecanismos de control adecuados. En primer lugar, los tribunales están formados por abogados corporativistas pertenecientes a grandes bufetes internacionales a los que se designa en los roles de juez , fiscal y defensor, cobrando unos honorarios que pueden alcanzar los 1000 dólares por hora y abogado. Un pleito de estas características puede llegar a costar entre 8 y 30 millones de dólares. Pero todo este negocio no existiría sí las empresas habían carecido de incentivos para demandar. Efectivamente, en aproximadamente el 60% de los casos la empresa gana, es decir, el estado paga una indemnización y/o cambia las normas en beneficio de las empresas. En definitiva, la definición del tribunal provoca que se demande no tanto para proteger los intereses empresariales, sino más bien estrategia de negocio.

Además, en este tipo de tribunales no existe posibilidad de apelación de los dictámenes, negándose así un mecanismo de perfeccionamiento de la justicia y garantía contra la arbitrariedad. De hecho, incluso muchos de los laudos son secretos.

Llegados aquí es justo hacernos una pregunta, ¿podemos acaso pensar que los tribunales ordinarios de Europa y los EE.UU. son particularmente lesivos con los intereses empresariales? Y respuesta no ofrece dudas, no es seguridad jurídica lo que se pretende, sino ventaja jurídica. De hecho el principal peligro del ISDS es que juzga los casos solo en función de los términos establecidos en el tratado correspondiente. Consecuentemente las normativas nacionales en materia laboral, ambiental, social o de cualquier otro tipo no son vinculantes. Todo lo que no esté recogido en el tratado no existe. Y mientras los temas relativos a comercio es inversión son tratados minuciosamente, temas como el medio ambiente ocupan a penas folio y medio en el TTIP.

Debido a las críticas que este sistema está recibiendo, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea ha propuesto una modificación, el denominado Sistema de Tribunal de Inversiones, que sí bien introduce la posibilidad de recurso y la creación de tribunales profesionales (en un plazo no especificado), sigue sin resolver problemas fundamentales, como el hecho de que solo las empresas pueden demandar, discrimina a empresas nacionales y ciudadanía frente a inversores extranjeros, sobre todo, sigue sin reconocer la normativa nacional o europea.

Queda un detalle, no precisamente menor, que es que este tipo de tratados reconoce el derecho de las empresas extranjeras a ser indemnizadas no solo por expropiaciones directas (lo cual ya está recogido en las normativas estatales), sino también por cualquier expropiación indirecta, es decir, por lucro cesante debido a la actividad reglamentaria pública. Sirva de ejemplo la demanda de la multinacional francesa Veolia, empresa concesionaria del servicio de gestión del residuos urbanos en el Cairo, contra el gobierno egipcio por la subida de los salarios de acuerdo a la inflación. O la demanda de la sueca Vattenfall, que opera dos plantas nucleares en Alemania, por la decisión de este país de abandonar progresivamente producción de energía nuclear.

Por cierto , ¿Si realmente lo que le preocupa es proteger sus inversiones por que simplemente no contratan un seguro de los que a tal efecto ofrece el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial?

¿Armónico?


La Comisión Europea señala que la pretensión final es que los reguladores europeos y norteamericanos colaboren más estrechamente. Asimismo sostienen que el grado de seguridad y calidad de la normativa es similar. Dos ejemplos típicamente esgrimidos de las ventajas de la armonización reglamentaria son el caso de los intermitentes de los vehículos (rojo en los EE.UU. y amarillo en Europa) o el caso de la exportación de ostras europeas, ya que la legislación Norteamérica exige que se analice la salubridad del agua donde se cultiva y la europea, en cambio, que se analice el propio producto, ofreciendo ambos métodos resultados similares. Naturalmente no tenemos nada en contra de la resolución de estas diferencias, tampoco consideramos que hagan falta grandes alforjas para ese viaje.

La realidad es que en aras de la armonización legislativa podría acceder al mercado europeo carne lavada con cloro. Práctica que permite reducir controles sanitarios, alargar la vida de los productos y, en definitiva, maximizar el beneficio la costa de introducir lejía en la dieta. Lo mismo cabe decir del tema del uso de antibióticos en la ganadería, dada a mucho más permisiva norma estadounidense, que facilita su uso masivamente no solo con fines preventivos, sino también para estimular el crecimiento de los animales. Alcanzaría incluso aspectos como las denominaciones de origen, que los norteamericanos consideran competencia desleal, de modo que reclaman que productos elaborados en los EE.UU. puedan comercializarse en Europa bajo marcas comerciales que indiquen vino de Oporto, queso roquefort o Rioja.

Pero hay más. El TTIP se configura como un tratado vivo, un proceso de negociación permanente, que se articularía a través del Consejo de Armonización Reglamentaria. En este órgano tendrían asiento en igualdad de condiciones los representantes de las partes negociadoras (Comisión europea y Gobierno de los EE.UU) y representantes de las multinacionales que, de este modo, tendrían la facultad  de participar en la elaboración de regulaciones, modificar leyes ya existentes, paralizar procesos legislativos y hacerlo además, antes de que los parlamentos nacionales puedan intervenir. Implica que asuntos espinosos o controvertidos podrían ser canalizados a través de esta comisión, de modo que dejarían de estar sometidos a control democrático y escrutinio ciudadano.

Una última pregunta.

En definitiva, se trata de un tratado con un objetivo simple, incrementar la productividad de las multinacionales a costa de reducir a exigencias ambientales, sociales, laborales, sanitarias, etc. No está nada claro que vaya a crear riqueza adicional, antes al contrario es probable que destruya oportunidades de las generaciones futuras, pero lo que es seguro que provocará una distribución aún más injusta de la existente.

Las sociedades humanas comercian desde hace 9.000 o 10.000 años, es decir, desde que empezó a haber excedentes agrícolas y descubrieron que mediante el intercambio podían obtener cosas de las que carecían a cambio de otras que les sobraban, alcanzando de este modo un mayor bienestar. Ni es esto lo que se cuestiona, ni es esto lo que motiva los tratados de libre comercio. Por lo contrario, bajo la aparente bondad e incluso candidez de la propaganda del TTIP se esconde una profunda transformación de las instituciones que implica una merma de nuestras libertades y calidad de vida, la supeditación de lo público a lo mercantil y de la democracia al proceso de acumulación de las multinacionales. La cuestión definitiva es ¿qué vamos a hacer para pararlo?



15 de maig de 2016

CETA: EL TAPADO DEL TTIP





El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirá el próximo viernes 13 de mayo, para entre otras cosas, hacer balance de las negociaciones que se llevan a cabo con EEUU sobre la Asociación Transatlántica de Libre Comercio e Inversiones, también conocido por sus siglas en inglés como TTIP, cuya 13ª ronda ha concluido dejando textos pendientes de consolidar por no haber conseguido llegar a un acuerdo. 

Uno de los temas en discordia es el acceso al mercado de la contratación pública, los aranceles y el "mercado" de los servicios, donde EEUU protege su mercado nacional con mecanismos como el Buy American, frente a la UE, que pretende la apertura total del suyo, de manera que mercancías y capitales circulen libremente a través del Atlántico, para rebajar los precios y conquistar un mercado de 800 millones de consumidores.

Si como ha ocurrido en otros sectores finalmente se acuerda "el reconocimiento mutuo", en el mercado competirán productos similares con diferentes precios y calidades. Indudablemente ésta es una competencia suicida, ya que si el mercado europeo no es capaz de producir más barato, los productos estadounidenses arropados por las ayudas gubernamentales y las economías de escala de las multinacionales, hundirán la economía europea.

Será en la siguiente ronda de negociaciones, prevista para julio de 2016, donde se espera  avanzar en la consolidación de los textos, la regulación normativa y la contratación pública. 

Pero, como ya se ha dicho, el próximo viernes 13 el Consejo de Asuntos Exteriores también se reúne para estudiar la forma de ratificar y de cómo poner en práctica el Acuerdo Económico y Comercial negociado con Canadá, conocido por sus siglas CETA, para el otoño que viene. Otro tratado de "libre comercio" muy parecido al TTIP, de cuyas negociaciones nada hemos sabido hasta que finalizaron con el acuerdo de 26 de septiembre de 2014, actualmente pendiente de ratificación por los estados participes del acuerdo.

Este viernes 13 puede ser un viernes negro para los ciudadanos europeos y canadienses si el Consejo decide ratificar el CETA y autoriza su puesta en práctica de forma provisional, ya que promoverá la proliferación de otros tratados de similares características, que ni son libres ni de comercio, como hemos podido comprobar con las filtraciones de documentos a las que hemos tenido acceso recientemente, y por la amarga experiencia que nos ha dejado el NAFTA (otro tratado de comercio e inversiones para América del Norte), que ha producido importantes pérdidas de puestos de trabajo en los Estados implicados (México, Canadá y EEUU), la apropiación de importantes partidas del gasto presupuestario canadiense, a través del pago de indemnizaciones millonarias propiciado por un sistema de resolución de conflictos instrumentado por las grandes multinacionales. Mientras que en México ha producido el éxodo de millones de trabajadores agrícolas hacia la temporalidad y la precariedad, con el consiguiente aumento de los flujos migratorios, de la explotación de mujeres y niños a través de las maquilas, completándose el triste panorama con el pavoroso y mortífero auge del crimen organizado al Sur del Río Bravo.

Este viernes 13 puede ser un viernes negro, si el Consejo europeo de Asuntos Exteriores hipoteca los derechos reconocidos por las Naciones Unidas y los Tribunales Internacionales a favor de los inversores extranjeros, que no son otros  que las multinacionales.

Este viernes 13 puede ser un viernes negro si se adoptan resoluciones que impidan a los Estados garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y se impulsa un modelo económico competitivo que favorece la concentración de la riqueza y de los recursos en pocas manos, la explotación de los más desfavorecidos y el deterioro del medio ambiente.

Este viernes 13 puede ser un viernes negro si se menoscaban nuestros derechos laborales, el derecho a un trabajo decente, a una sanidad pública y universal, a una educación de calidad al alcance de todos, a la soberanía alimentaria..., en definitiva, a la soberanía de nuestros pueblos.

Pero este viernes 13 puede ser un gran día si Estados como Grecia, Rumanía o Bélgica se oponen al CETA, como han manifestado públicamente sus dirigentes. Si lo hacen habrán dicho "sí, pero..." y abrirán una grieta en el muro en el que las demandas de millones de ciudadanos europeos se han ido estrellando desde que empezó la campaña contra el TTIP y el CETA.

Este viernes 13 puede ser un gran día si no se ratifica el CETA, pero habrá que seguir luchando y explicar que estos tratados ni son de comercio, ni son libres: son una transferencia de poder a las empresas multinacionales.

Sandra Soutto

6 de maig de 2016

¿Son el TTIP y el CETA acuerdos legales o deberían ser directamente anulados?




Verónica Gómez. Comisión Internacional de ATTAC 

La necesidad de base legal de los acuerdos de Comercio e Inversión implica que sea necesario analizar tanto el procedimiento de elaboración de los mismos, como su aplicación posterior y posible conflicto con el sistema internacional de Derechos Humanos. Así como también es necesario estudiar sus efectos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

La jerarquía normativa de los Derechos Humanos prima sobre las demás

Las Naciones Unidas ha elaborado un cuerpo normativo que tiene su base no sólo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino en numerosos instrumentos que son jurídicamente vinculantes y que conforman un cuerpo normativo sobre Derechos Humanos que debe tenerse en cuenta siempre mientras se esté elaborando un acuerdo entre Estados. Y puesto que la jerarquía normativa de los Derechos Humanos es superior, tanto los tratados de Comercio e Inversión como los tribunales nacionales e internacionales, y mecanismos de arbitraje, deben someterse al mismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es además una verdadera norma imperativa que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional. Por ello, el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo contrario a la misma. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética, aunque tanto los negociadores del TTIP y del CETA, como los políticos que los apoyan, permanezcan inconscientes de ello.

La cláusula ISDS es uno de los puntos más controvertidos del TTIP y del CETA, es imprescindible comprobar que este mecanismo es conforme a la Carta de las Naciones Unidas y no socava en caso alguno la función del Estado para asegurar el bienestar de las personas que se hallen bajo su jurisdicción. Gracias al ISDS, las corporaciones pueden demandar a los Estados en tribunales de arbitraje, fuera de su sistema legal nacional, donde sólo 3 abogados privados deciden, por el mero hecho de aprobar leyes de interés general que contravengan sus intereses y beneficios futuros, y pedir a cambio, compensaciones millonarias que dañan inevitablemente los presupuestos públicos.

Sin embargo, según refiere el experto independiente de la ONU, Alfred-Maurice de Zayas (1), los acuerdos o sentencias arbitrales que entren en conflicto con estos principios son incompatibles con el orden público internacional y pueden considerarse contrarios a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y nulos en tanto que contrarios a las buenas costumbres.

Por otro lado, si tenemos en cuenta los artículos 53 y 46 de la Convención de Viena, es causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los Derechos Humanos, como los derechos a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, etc.

También sería causa de nulidad la renuncia al ejercicio de algún aspecto interno fundamental, como el examen por los tribunales nacionales de la conformidad de una ley o tratado con la Constitución. Esto ocurriría si el Tratado en cuestión confiere a tribunales arbitrales la solución de controversias entre las partes, pues en tales controversias pueden estar implicadas cláusulas constitucionales, y el control de la constitucionalidad es competencia exclusiva de los tribunales nacionales. Y puesto que los Estados están obligados a promover el bienestar de la población que se halle bajo su jurisdicción, y sus funciones esenciales no pueden ser privatizadas, la adopción de un tratado entre Estados requiere de evaluaciones de impacto en los derechos humanos, de salud y medioambiente, y deben incluir una clara disposición que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de Derechos Humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecerán los instrumentos de Derechos Humanos.

Hasta la vista, nada de lo que hemos dicho queda amparado en el TTIP y en el CETA, de  hecho, la CE hizo algunos cambios en el texto del TTIP pero en ningún caso, se protege el derecho a regular de los Estados, pues se emplea un lenguaje “débil” que da lugar a la interpretación creativa de los bufetes de abogados, y abren la veda a posibles demandas por parte de las corporaciones extranjeras en los países de acogida que impedirían al Estado ejercer su función como tal, además de que su compromiso con los Derechos Humanos no deja de ser algo puramente formal, y por supuesto, la CE no ha llevado a cabo estudios significativos y serios para evaluar los posibles impactos del TTIP y el CETA.  

Por su parte, De Zayas nos recuerda que los tribunales arbitrales son “una de las más grandes amenazas a un orden internacional democrático y equitativo”, ya que la experiencia demuestra que “los árbitros interpretan los acuerdos internacionales de inversión sin limitaciones por lo que respecta a los derechos humanos o el medio ambiente. Sus procedimientos no son transparentes y ni si quiera se sabe cuántos procedimientos arbitrales han tenido lugar porque la mayoría no se han publicado. Lo que se pone de manifiesto es la gran imparcialidad de los árbitros en beneficio de las empresas y su sentimiento de ser inmunes a los principios generales del derecho” lo que da lugar a socavar la legitimidad del Estado para regular a favor del interés público e incluso al “enfriamiento legislativo”. Es más, De Zayas asegura que “si posteriormente los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados y el CIADI se han transformado en instituciones de coacción económica, deben ser desmantelados y reinventarse en aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”.

Además, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados velen porque los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes, en un régimen de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, EEUU y la UE están acordando la creación de tribunales de solución de controversias que no cumplen con estos requisitos.

Incluso ya sólo en su misma elaboración, el CETA y el TTIP no respetan a la legalidad, puesto que según los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los representantes políticos y gobiernos están obligados a divulgar la información necesaria y facilitar la participación pública, condición especial para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión (art. 19) y asegurar la participación de todos los interesados (art. 25). De manera que gobiernos y representantes elegidos democráticamente, no tienen carta blanca para negociar, sino que deben consultar con su electorado y actuar de conformidad a sus deseos.

Irregularidades y contradicciones respecto al Derecho de la Unión Europea

Otro de los estudios más destacados hasta la fecha sobre el CETA, y no olvidemos que el TTIP sigue la misma línea de disposiciones y cláusulas, pertenece a los profesores Fischer-Lescano y Horst(2). Estos señalan una serie de irregularidades y contradicciones respecto al Derecho de la Unión Europea en varios campos y por diversos motivos. No obstante, atendiendo solo a la inclusión del ISDS en ambos tratados, la UE no respeta su propio ordenamiento jurídico que incorpora la obligación de mantener una política exterior basada en valores como la democracia, el Estado de Derecho, y la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Además de por otras disposiciones y cláusulas introducidas en el CETA y el TTIP, la inclusión de una cláusula de ISDS pone en riesgo la protección de derechos recogidos en tratados internacionales como el derecho al medio ambiente, la salud, el agua, etc. Además, este mecanismo vulnera el monopolio judicial de la interpretación del Derecho de la UE y de la validez de los actos adoptados por sus instituciones, así como la relación diseñada entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nuevo Derecho Corporativo Global

Y ya sólo para concluir, tengamos en cuenta que en base a tales inconsistencias y quiebras del Derecho de la UE y de la observancia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional (art. 205 del TFUE y 21 del TUE) sería posible, y deseable, frenar la aprobación de tales acuerdos (TTIP y CETA), o exigir su anulación posterior en el Tribunal de Justicia de la UE con el objeto de salvaguardar los DDHH, sociales, económicos, culturales y medioambientales. De esta manera también evitaríamos el avance del nuevo Derecho Corporativo Global, que como apunta el experto Juan Hernández Zubizarreta (3), otorga tal seguridad jurídica a los derechos de las transnacionales, a través de los acuerdos de Comercio e Inversión, que está pavimentando el camino para la inversión de la jerarquía normativa. Esto es, colocando el Derecho Global Corporativo en su cúspide mientras los Derechos Humanos quedan relegados y olvidados en su base.

Publicado originalmente en www.nuevatribuna.es

NOTAS:
(1) De Zayas, A.M. (2015) “Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas”, Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Tema 3 de la agenda, 14 de Julio de 2015.
(2)  Fischer-Lescano, A; Horst, Johan (2014) Europa -­ und verfassungs rechtliche Vorgaben für das Comprehensive Economic and Trade Agreement der EU und Kanada (CETA)    Mehr Demohratie
(3) Hernández Zubizarreta, Juan  (2015)   El nuevo Derecho Corporativo Global Transnational Institute

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/son-ttip-y-ceta-acuerdos-legales-deberian-ser-directamente-anulados/20160504083611127969.html

4 de maig de 2016

Les filtracions de #TTIPleaks confirmen les amenaces del tractat comercial de la UE amb els EUA



La revelació per part de Greenpeace Holanda de documents secrets de l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les sigles en anglès) confirma que la Unió Europea es dirigeix ​​a un escenari de major precarietat laboral, posant a més en perill la salut pública i el medi ambient. Per això, la campanya #NoalTTIP, exigeix ​​la suspensió de les negociacions i sol·licita als partits polítics que instin al Govern en funcions a no autoritzar la signatura del tractat comercial amb el Canadà (CETA per les sigles en anglès), previst per a l'octubre, per ser similar a l'TTIP
 

 
 
La filtració de 12 capítols del TTIP mostra com es negocia el futur de 800 milions de persones a la seves esquenes. Una de les primeres conclusions que es poden extreure de la seva lectura és que, en molts casos, la Unió Europea és la principal promotora de la privatització de totes les esferes de l'economia, sacrificant lleis i polítiques que encara protegeixen els drets de les majories socials a Europa i Amèrica del Nord.

Una segona conclusió és la confirmació de l'enorme influència dels lobbies empresarials, que són contínuament consultats pels negociadors, al contrari del que la Unió Europea afirmava en el seu darrer informe sobre les negociacions.

Les filtracions fan referència a les consultes periòdiques entre negociadors i sectors industrials i a com s'han recollit les aportacions d'aquests sectors en els textos, cosa que no és d'estranyar atès que el 88% de les reunions dels representants de la Comissió Europea han estat amb grups corporatius, enfront del 9% que s'han celebrat amb grups de la societat civil.

Així, en funció del que s'ha anomenat "cooperació reguladora", tant la UE com els EUA han pressionat durant les negociacions per incloure un òrgan de cooperació regulatòria per tal d'"eliminar barreres no aranzelàries", o el que és el mateix, aquelles lleis de protecció laboral, ambiental i de salut, així com de protecció dels serveis públics. Aquest òrgan donaria més privilegis i poders a les empreses transnacionals a l'hora de participar en les primeres fases de presa de decisions legislatives, fins i tot abans que al Parlament Europeu.

Un exemple d’això és l’amenaça clara que es percep als documents contra el principi de precaució, que permet reaccionar ràpidament davant un possible perill per a la salut humana o el medi ambient. En base a aquest principi, no s'ha permès l'entrada de carn nord-americana tractada amb hormones, com a mesura de precaució per la seva possible relació amb el desenvolupament de càncer. En diversos capítols dels documents filtrats es confirma la substitució del principi de precaució pel de “gestió del risc”, seguit als Estats Units, i que obliga a l'administració a demostrar els perills dels productes un cop comercialitzats. Com a conseqüència d'això, la quantitat de tòxics perillosos a Europa augmentaria considerablement.

Les filtracions també revelen com la Unió Europea defensa el lliurament total de la compra pública als oligopolis de les multinacionals, un aspecte en el qual els EUA pren una postura més proteccionista. Al seu torn, diverses notes dels documents filtrats sobre comerç transfronterer de serveis assenyalen un altre problema: la intenció de suprimir encara més controls sobre el sector bancari i financer, el que afavoriria noves crisis financeres que causarien major inestabilitat financera, desocupació i frau fiscal com el que s'ha descobert amb els papers de Panamà.

Amb tot això, es confirma el que la campanya #NoalTTIP porta denunciant des del començament de les negociacions: que el tractat només beneficia les grans empreses, en detriment dels drets de la ciutadania, ja que representa una amenaça pels estàndards ambientals, la protecció dels consumidors i consumidores, els drets laborals, la lluita contra el canvi climàtic, la salut i l'agricultura. El TTIP també és una amenaça a la nostra malmesa democràcia i posa en perill la sobirania dels diferents nivells de l'administració pública.

Al caliu de l'impacte mediàtic causat per #TTIPleaks, la campanya #NoalTTIP crida l'atenció sobre l'acord germà del TTIP, el tractat comercial entre la Unió Europea i Canadà (CETA), ja que forma part de la mateixa lògica comercial de l'ordenació ambiental, social i cultural, i que, fins i tot sense el TTIP, permetria a milers d'empreses nord-americanes amb filials al Canadà demanar als Estats europeus.

Per tot això, des de la campanya #NoalTTIP:

• Demanem la immediata publicació de tots els textos de negociació del TTIP i TISA (tractat internacional per a la privatització de serveis públics), així com la suspensió de les negociacions d'aquests tractats.

• Fem una crida als partits polítics a prioritzar el debat sobre la política comercial a la campanya electoral i proposem com una de les primeres tasques del nou parlament que surti elegit el 26 de juny que insti el Govern a retirar el mandat de negociació del TTIP.

• A pocs dies del pròxim Consell de Ministres de Comerç de la UE, previst per al 13 de maig, en el qual es prepararà el full de ruta per a la signatura del CETA, exigim al Govern en funcions que impedeixi la seva ratificació.